La criminalidad en Cuba registró un aumento sin precedentes en el primer semestre de 2025, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), iniciativa del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21.
La organización independiente documentó 1.319 delitos verificados entre enero y junio, casi cinco veces más que en el mismo período de 2023 y más que en todo 2024.
Durante una reunión del Grupo para la Prevención y Enfrentamiento al Delito, el primer ministro del régimen, Manuel Marrero Cruz, afirmó que “la tendencia es a la baja, pero los indicadores siguen siendo elevados”. Sin embargo, los datos de la sociedad civil reflejan un promedio de 7,3 delitos diarios.
El informe del OCAC detalló que los robos fueron los hechos de mayor incidencia, con 721 casos, incluidos 193 vinculados al hurto y sacrificio de ganado. También se reportaron 63 asesinatos —16 de ellos feminicidios—, 99 asaltos y agresiones, y 198 delitos relacionados con el narcotráfico, una categoría que aparece por primera vez en el monitoreo de la organización debido al “notable incremento” de estos reportes, en su mayoría concentrados en La Habana.
Lee también Crece el número de crímenes cometidos con armas de fuego en Cuba, según expertosEn total, 1.588 personas participaron en los crímenes, de los cuales el 90% eran hombres. Las víctimas incluyen mujeres, menores y ancianos, lo que, según el informe, refleja un "impacto transversal". Entre los factores de riesgo, el OCAC menciona la creciente disponibilidad de armas de fuego, el auge del narcotráfico urbano y los delitos contra la propiedad impulsados por la escasez de alimentos.
El reporte también criticó la estrategia del Ministerio del Interior (MININT), al señalar que prioriza la represión política sobre la seguridad ciudadana. “Lejos de colocar en primer plano el enfrentamiento al delito común, el MININT concentra sus recursos en la vigilancia de la disidencia”, indicó el documento.
Según el observatorio, esta desconexión explica por qué la delincuencia se expande pese a las supuestas “ofensivas contra el delito” anunciadas por el gobierno. El informe sostiene que el deterioro de la seguridad pública es consecuencia de un “Estado represor frente a la oposición, pero ausente frente al crimen”.